- Los Gobiernos recuperan proyectos urbanísticos y arquitectónicos, algunos utópicos, cuando más difícil parece lograr financiación.
- Los Estados saben que la arquitectura es un arma poderosa de propaganda y buscan en ella legitimidad, aunque luego no cumplan.
- Un repaso a algunos proyectos enfangados por la crisis económica.
El Estado necesita al arquitecto para que glorifique sus virtudes, caso de tenerlas, o que las invente, si es que anduviera escaso de ellas. El arquitecto necesita al Estado para que le extienda un cheque en blanco a sus proyectos, excesivos o sensatos. Nada nuevo desde Amenhotep. “Pon un [Norman] Foster en tu programa, y tendrás al pueblo de tu lado“, le dijo un día cierto alcalde al arquitecto Oriol Bohigas.
La crisis es una oportunidad; también para la arquitectura. Un buen momento, dice Ignacio Alcalde, director del Master de Urbanismo de la Escuela de Negocios del CEU, para prescindir de los “proyectos que engrandecen el ego” y de “los fuegos artificiales”.
Pero, salvo excepciones que todavía no son la norma, la megalomanía sigue siendo un vicio terco. Como escribió en La arquitectura del poder el crítico Deyan Sudjic, “la forma de la arquitectura sigue dependiendo de los poderosos”.
En los últimos años, los Gobiernos han desempolvado proyectos que en el pasado fueron rechazados por utópicos, costosos o dudosamente útiles (bastantes de ellos, por las tres cosas a la vez). En otros casos, planes radicalmente nuevos han sido presentados a la opinión pública como la receta mágica para regenerar un territorio yermo o embellecer una ciudad obsesionada por convertirse en la nueva Samarcanda. Algunos de estos proyectos aún no conocen otra realidad que el plano.
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